En el pueblo japonés de Nagoro, que se fue despoblando en las últimas décadas, quedan menos de 30 habitantes. El más joven tiene 55 años. Una de las ancianas de Nagoro fue construyendo y colocando muñecos del tamaño de personas en los espacios públicos, en los comercios y en la escuela, abandonada porque no queda ya nadie en edad escolar.

Los muñecos de Nagoro cubren, artificialmente, el vacío provocado por el éxodo y la muerte de quienes habitaban la villa ubicada en la isla Shikoku. Realizados con papel de periódicos y otros materiales, los muñecos están vestidos con las ropas que dejaron quienes vivieron en el pueblo. El resultado de esa mezcla alienada de elementos familiares y ficticios es raro (o siniestro), pero creó interés turístico y cultural. Hay, en el destino de Nagoro, un horizonte posible para la crisis de los medios de comunicación tradicionales expresada en la llamada desertificación de las noticias que alude a la extinción de organizaciones informativas.

Los medios sufren la migración en masa de sus audiencias hacia las plataformas digitales. La deserción de los públicos es más pronunciada en la industria gráfica (y compromete la materia prima de los muñecos de Nagoro) pero perturba a la radio y la tv también, y se potencia con la merma de ingresos publicitarios y ventas, sumada a la pérdida del control de la cadena productiva de información, opiniones y entretenimientos masivos. Los medios monopolizaron la atención y concentraron la publicidad masiva de flujo, e Internet destrozó ese modelo.

La combinación de esos procesos anestesió en los últimos años la creatividad de los gestores de medios para resolver la crisis del que fuera motor de la comunicación social. Pero desde que estalló la pandemia por Covid_19 con su secuela de operaciones de desinformación que dentro y fuera de los grandes medios pusieron en riesgo la salud de millones de personas, el cloroformo de la revolución digital en la industria de medios empieza a disiparse y surgen propuestas de salvataje y opciones de sobrevivencia para el periodismo, al tiempo que las grandes plataformas de Internet revisan sus funciones y relaciones con el ecosistema de producción de contenidos. El tiempo dirá si, como los muñecos de Nagoro, las estrategias en ciernes atraen la atención pública a partir de la evocación de lo que alguna vez fueron los grandes medios generalistas.

Con protagonismo creciente, la ONU y algunas de sus agencias como la UNESCO, también las entidades supraestatales como la Comisión Europea, los gobiernos y congresos de países de distinto peso en la geopolítica mundial y las organizaciones que convergen en un sector de las comunicaciones que reúne desde empresas periodísticas, operadoras de telecomunicaciones, servicios audiovisuales globales a demanda y las big tech, además de los sindicatos de trabajadores, formulan ideas y realizan investigaciones sobre la crisis de los medios. Claro que esa agenda no está exenta de conflictos e intereses cruzados.

Salvemos a los medios

A principios de mayo, el secretario general de la ONU, António Guterres, trazó un diagnóstico calamitoso: “con pérdidas estimadas de US$ 30 mil millones en el último año solo para periódicos, algunos temen que la pandemia se convierta en un evento de extinción de los medios. No podemos dejar que esto suceda”, dijo Guterres al apoyar el “Fondo Internacional para Medios de Interés Público” que promueve la organización filantrópica Luminate junto a BBC Media Action (rama benéfica de la BBC británica).

El cloroformo de la revolución digital en la industria de medios empieza a disiparse y surgen propuestas de salvataje y opciones de sobrevivencia para el periodismo.

La desaparición de medios contagia en todo el mundo a organizaciones lucrativas y comunitarias y el problema afecta a ciudades grandes y pueblos pequeños. En distintas latitudes surgen iniciativas de socorro público a medios locales (ejemplo, el Reino Unido) y regulaciones legales que buscan redistribuir parte de los ingresos publicitarios capturados por Google y Facebook en el ecosistema digital que restan oxígeno a las empresas periodísticas (ejemplos, Francia, Australia y España).

El gobierno de Joe Biden en EEUU catapultó a la cima de la agenda política la necesidad de coordinar la imposición de impuestos a las grandes corporaciones, entre las que sobresalen las plataformas de Internet. Desde la filantropía y la apelación a la buena voluntad del mecenazgo económico, pasando por una nueva estructura tributaria y también por el clientelismo político, todas las opciones están abiertas tras el objetivo de salvar al periodismo.

En América Latina, donde la distribución de la publicidad oficial siempre fue usada como subsidio encubierto y sistema de premios y castigos por gobiernos nacionales, provinciales y municipales, surgen nuevas propuestas para reasignar una parte o la totalidad de esos fondos con mecanismos estables. Pero, si bien es un recurso crítico y vital para numerosas organizaciones periodísticas, la pauta oficial como subsidio encubierto no basta para sostener las necesidades del conjunto en un contexto donde audiencias y anunciantes privados se vuelcan cada vez más decididamente a Internet.

Por eso los reclamos de otras asistencias públicas a los medios se multiplican. En EEUU y Colombia, los Congresos tramitan sendos proyectos de ley para dotar de financiamiento público a los medios privados. En la Argentina, las cámaras empresariales de medios pidieron “financiamiento productivo, empleo, regímenes impositivos y previsionales, planes de pago, adecuación a futuro de regímenes laborales” en un comunicado de hace dos años liderado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Durante la pandemia, las empresas integrantes de estas asociaciones recibieron socorro público sin reparar en la contradicción de que muchos de sus cuadros directivos y profesionales predican el ajuste del Estado y vilipendian a otros sectores sociales acusándolos de querer vivir del apoyo público.

En Francia y Australia las empresas de medios reclamaron la intervención pública en la distribución de la renta publicitaria digital, conquistada por Facebook y Google con prácticas que autoridades de la competencia y fiscales en diferentes países califican de anticompetitivas. En Francia el Estado ordenó a Google negociar con la industria de medios, haciendo así lugar a una demanda de grandes editores. Las negociaciones están abiertas desde el año pasado, pero no es una conversación entre iguales.

En Australia el conflicto desatado entre Facebook, Google, grandes grupos periodísticos y el gobierno escaló a niveles insospechados. Allí Facebook reaccionó a un proyecto de ley que tramitaba el Parlamento para que las grandes plataformas compensen a los medios de comunicación por los contenidos de éstos exhibidos o compartidos en ellas. Facebook atacó con un apagón de noticias el 17 de febrero que privó a la ciudadanía del acceso a la información en la red social más utilizada. Una semana después, el Parlamento aprobó la norma. En el medio, hubo negociaciones y Facebook recalculó la intensidad de su decisión y restauró las noticias en la plataforma.

Inicialmente, también Google había resistido la propuesta y luego negoció un paquete de ayudas con los grandes pulpos mediáticos de Australia (en el marco de su iniciativa global llamada Google News Showcase, también lanzada en la Argentina) y bajó los decibeles de la crítica.

Aunque Facebook haya retrocedido finamente con el apagón, la demostración de poder se suma a la preocupación de numerosos países por la cesión de facultades soberanas a las corporaciones de Silicon Valley. Sus reglas y algoritmos son objetados tanto por su opacidad como, también, porque determinan la suerte o desgracia de organizaciones económicas, sociales y políticas afectadas por la programación que hacen las plataformas en los sistemas de priorización (y remoción) de contenidos.

Aunque capturan buena parte de la torta publicitaria y resultan fortalecidas por la intensificación del uso de TIC en la pandemia, Google y Facebook afectan de modo muy distinto al ecosistema informativo. Si bien en ambos casos desprograman y desorganizan las ediciones de los medios porque el contenido compartido en las redes digitales deja de tener el formato compaginado por sus productores, mientras que el motor de búsqueda de Google y su News exhiben el catálogo de títulos y resúmenes de notas (con un orden jerárquico velado al conocimiento público), en Facebook en cambio son las propias empresas periodísticas las que deciden abrir muros y tener actividad allí.

Por lo demás, la cancelación de noticias por Facebook tuvo un efecto indeseado para la reputación de las compañías digitales, pues masificó la comprensión de la función editorial que ejercen. Que las big tech tienen un poder inédito como espacios de distribución y acceso de contenidos no es una novedad, pero lo que evidencia el “caso australiano” es su rol editorial. No son intermediarios asépticos sino que son actores que -así como masifican el acceso a contenidos- pueden dañar el interés público trastornando acceso social a información relevante.

Durante la pandemia, empresas integrantes de ADEPA, recibieron socorro público sin reparar en la contradicción de que muchos de sus cuadros directivos y profesionales predican el ajuste del Estado y vilipendian a otros sectores sociales acusándolos de querer vivir del apoyo público.

La adopción de normas legales, o su discusión, es un estímulo para que conglomerados con poder dominante accedan a revisar parte de su desempeño. La nueva ley australiana puede ser criticada por su desenlace en un acuerdo entre gigantes: las plataformas y los grupos más concentrados de medios. Las expectativas realistas de que medios locales, medianos, pequeños, comunitarios o cooperativos participen de un esquema “justo” de distribución de los beneficios que trae la amplia circulación de contenidos periodísticos, son escasas. Por eso es que el sindicato de periodistas de Irlanda plantea su alternativa: tasar a las big tech en un 6% para reactivar la industria periodística y que los medios que reciban ayuda cedan, en compensación, el 25% de sus juntas ejecutivas a los trabajadores.

Más que ordenar la negociación entre privados, que subestima a quienes tienen menor capacidad de lobby, la política pública podría establecer normas tributarias más adecuadas según ingresos y nivel de actividad y luego definir democráticamente los sistemas de asignación a todos los actores, no sólo a los más poderosos. También podría orientar qué contraprestaciones de interés público pide a quienes reciben subsidios públicos. Por ejemplo ¿pueden esas organizaciones difundir contenidos que comprometen la salud y la vida de la población, como es el caso de consignas antivacunas en plena pandemia?

La villa de Nagoro es una imagen metafórica de lo que puede suceder si las condiciones para la reproducción del periodismo se extinguen: su reemplazo artificial podrá copiar algunos de sus rasgos, pero será un desierto inerte sin sujetos y experiencias, sin transparencia y sin rendición de cuentas.