Leonardo Cositorto es monotributista clase A, la categoría más baja de AFIP. Tuvo numerosos pedidos de quiebra y juicios ejecutivos en el fuero comercial, se dictaron medidas cautelares sobre sus bienes y sobre su persona. Incluso debía informar antes de salir del país. Durante años un tendal de acreedores fue forzado a litigar en la justicia comercial para cobrar lo que les debía, y cobraron apenas lo que pudieron ya que en el año 2004 se decretó finalmente su quiebra.

17 años después Cositorto contaba con un conglomerado empresario diversificado en el mundo de la gastronomía, la educación, el futbol y el coaching, con acceso al mercado bursátil, además de una criptomoneda propia (el Zoe Cash), 79 sucursales en varias provincias, y –según él mismo– presencia en 17 países.

Una enorme cantidad de gente tomó la decisión de confiarle a un quebrado y sin garantías sus ahorros en dólares y de ayudarle a incorporar más gente al circuito, con la promesa –en una buena parte incumplida- de recuperar lo invertido con una ganancia del 7,5% mensual. ¿Cómo logró esto? Con una efectiva estrategia comunicacional que involucró una fuerte presencia en los medios masivos de comunicación, junto a personas valoradas por el público, que le permitieran desplegar sus mentiras y presentarse como un tipo moderno, medido, exitoso y entendido. Una puerta al futuro.

En una reciente entrevista con Jorge Rial dijo: “Nos cobraron entre 250 y 500 mil pesos argentinos por una entrevista”. Sobre los productores señaló: “hay gente que te invita y otra a la que hay que pagarle” y agregó en un tono vago y sin precisiones: “Yo tenía un equipo publicitario que tenía un presupuesto, poníamos dinero, salía en las revistas, creo que salió en Clarín algo. No me acuerdo, yo estoy todo el tiempo viajando". No es esta una nota de investigación sobre el tema pero sería interesante que alguien la realizara y pudiera chequear esos datos.

Con una ayudita de las publinotas

Una estafa requiere principalmente tres elementos: ardid (o engaño), error y disposición patrimonial. Si el error se produce sin engaño no habrá estafa, tampoco la habrá si el engaño no logra provocar el error. Se trata entonces de disuadir a alguien para que voluntariamente realice una disposición patrimonial en su propio perjuicio. Por eso el engaño debe ser idóneo, deben darse las condiciones para que el engaño sea capaz de causar el error. Y esas condiciones se construyen también, desde lo mediático, a través de la confianza.

Los principales programas de televisión y diarios del país lo presentaban como “master coach profesional”, “senior coach organizacional”, “emprendedor”, “gurú de las finanzas”, “pionero”, “consultor”, “capacitador internacional”, “analista político”, “capo”.

La “vida Zoe” resultaba atractiva desde lo material y lo espiritual y Cositorto un modelo a seguir. Los principales programas de televisión y diarios del país lo presentaban como “master coach profesional”, “senior coach organizacional”, “emprendedor”, “gurú de las finanzas”, “pionero”, “consultor”, “capacitador internacional”, “analista político”, “capo”, etc. ¿Por qué alguien desconfiaría de un hombre que es bien considerado por los principales medios de comunicación?

Será objeto de la investigación judicial determinar el modo en que ese engaño se produjo y la cantidad de personas que fueron estafadas, pero es fácil imaginar que el dinero invertido en publinotas cumplió un rol más que central y que muchos cayeron en el error de invertir en “Generación Zoe” tras ver alguna de las entrevistas que le hicieron a Cositorto y que sus seguidores compartían a mansalva en las redes sociales.

Un ejemplo claro son las notas que en diciembre del 2021 hablaban de los cursos de Generación Zoe y decían que tenía habilitación de la Comisión Nacional de Valores. Para ese entonces la firma no solo no contaba con habilitación de la CNV sino que además hacía menos de dos meses ese organismo había intimado ala compañía al cese inmediato “de toda invitación u ofrecimiento público de negociación o de cualquier otro acto jurídico con valores negociables (…) y de todo asesoramiento en materia de mercado de capitales…” e informaba en su página web que la firma no se encontraba autorizada para operar en la oferta pública de valores negociables. Unos meses después, el incumplimiento de esta intimación llevó a la CNV a iniciarle un sumario al propio Cositorto y a su empresa insignia.

Entre el contenido patrocinado y el periodismo

La pregunta ahora es ¿basta con incluir la leyenda “contenido patrocinado” como volanta? ¿o resulta necesario un mínimo chequeo de la información compartida?

Toda publicidad tiene una dimensión social. Se enmarca en los valores vigentes en una sociedad determinada. Los medios de comunicación, a su vez, cumplen una función social, garantizan el derecho humano a la información. ¿Cómo se conjuga esa función con la difusión de información falsa y dañina? ¿Hasta dónde alcanza el deber de los medios de garantizar que la información que difunden es, cuanto menos, inocua? Es claro que no podemos exigir una investigación exhaustiva previa de un anunciante, pero ¿es demasiado pedir que se chequee que quien se asume médico o abogado o agente bursátil esté habilitado a tal efecto?

Sin dudas un medio de comunicación está en mucho mejor posición para hacerlo que quien se encuentra del otro lado de la pantalla, consumiendo aquella publinota y confiando. Pero además, una vez enterado el medio de comunicación de que ha contribuido a difundir una falsedad potencialmente dañosa, ¿no debería arbitrar los medios para ayudar a su audiencia a salir del error?

Por otro lado, es necesario señalar que no siempre es simple advertir cuando nos hallamos ante una publinota y cuando estamos frente a una simple nota periodística. No siempre tenemos una leyenda de “contenido patrocinado” o similar. Existe en este caso una lógica tensión entre el auspiciante – que pretende que las virtudes de su producto se vean como un hecho incontrastable, informativo y trascendente, capaz de ser noticia y la regulación y autoregulación de los medios que exige una clara distinción que ahuyente toda posibilidad de error.

En este gris se enmarcaron numerosas notas en la que incluso los periodistas mencionaban que familiares suyos habían obtenido ganancias con Zoe acompañados de imágenes en la pantalla o zócalos que reafirmaban la idea de éxito. Hubo muchas de esas notas donde los y las periodistas resaltaban las bondades de generación Zoe como formadora de líderes o posible salida laboral como una afirmación propia o que presentaron a Cositorto como analista político o invitado sin ninguna referencia a que la nota era paga.

En muchas de estas entrevistas no resulta simple, ni para el ojo más avezado, identificar si se trata de un “contenido promocionado” o de información chequeada y respaldada por el medio de comunicación. Mucho menos puede esperarse que las audiencias lo descifren fácilmente ¿Quién responde entonces por daños provocados por eventuales confusiones?

El discurso del invitado, por otro lado, está fuertemente dirigido a mostrarse respaldado, inserto en el mundo de las finanzas y del coaching internacional. Así, a pesar de no encontrarse inscripto en la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional (AACOP) ni en la Federación Internacional de Coaching Ontológico (FICOP) suplió aquella carencia creando sus propios sellos: la Asociación Latinoamericana de Coaches y la Confederación Mundial de Coaches. La palabra “mundial” en este caso, permite mostrarse como inserto y reconocido alrededor del planeta, cuando en realidad se trataría de sellos creados para y por Generación Zoe.

El cóctel entre este aval internacional y el aval local de figuras periodísticas, sin dudas contribuyó al error de numerosas personas que lejos de ver garantizado su derecho humano a la comunicación, recibieron de los medios de comunicación un canal para convertirse en víctimas de una estafa piramidal.

Repensar y debatir el rol de los medios de comunicación en estos casos resulta central para evitar que este tipo de situaciones se den en el futuro y para contribuir a la construcción de una comunicación inclusiva y responsable.

*Gabriel Merola – Abogado especializado en delitos económicos.

Pascual Calicchio – Periodista, Secretario General de la Defensoría del Público