Hace tres semanas, por primera vez, fue emitido en la televisión abierta chilena el clásico documental La Batalla de Chile, una película en tres partes que narra la efervescencia de la Unidad Popular previa a la dictadura de Pinochet y que convirtió a su director Patricio Guzmán en un cineasta de gran influencia en el mundo, excepto, claro, en su país, donde aun en democracia, el documental nunca había sido exhibido en televisión. La noticia fue recibida emotivamente por la ciudadanía, que interpretó su emisión —justo la semana del 11 de septiembre cuando se recuerda el Golpe de Estado— como un símbolo del cambio de los tiempos: a tono con esta nueva época definida por el estallido social del 2019 y con un órgano elegido popularmente que sesiona desde mediados de este año con el propósito de escribir una nueva Constitución. Sin embargo, una polémica se desató cuando se hizo público que Carozzi, una de las grandes empresas de alimentos de Chile, decidiera quitar el auspicio al canal como castigo por emitir el documental, volviendo a avivar el fuego de la discusión que desde hace tiempo está en agenda en la actualidad del país: cómo la extremísima concentración de medios y la batalla por el avisaje —la pauta— ha organizado la información y la narrativa del viejo Chile y cómo se garantizará entonces el derecho a la comunicación en la nueva Constitución.

Uno de los grandes problemas que ha arrastrado Chile en la posdictadura es la agresiva lógica de mercado que moldea integralmente a la sociedad. En el caso de los medios, esta cosmovisión se ha expresado con la privatización y la concentración de los mismos en verdaderos monopolios familiares. Los medios escritos están absorbidos en un duopolio controlado por dos familias, dueñas de Mercurio SAP y COPESA. Y los canales de televisión y radio por cuatro grandes Grupos: Prisa, Luksic, Bethia y Dial. La privatización es total pues los canales públicos fueron desfinanciados, sofocándolos en una carrera por el avisaje, poniéndolos a competir con los privados y posponiendo cualquier asomo de interés público en su visión y programación. 

El tema de la concentración y la homogenización del contenido en los medios masivos no es nuevo, y por supuesto también se repite con menor o mayor intensidad en el mundo, sin embargo, en Chile —cuya concentración de medios es una de las más altas de la región— adquirió una urgencia renovada y un lugar estelar en la discusión después del estallido social, cuando los medios tradicionales insistían en un relato que vinculaba las protestas callejeras con la delincuencia que no coincidía con la experiencia de los ciudadanos, la masividad de las marchas, o los videos de violencia policial extrema que filmaban decenas de personas pero que solo parecían difundirse en internet. 

Las audiencias más críticas y la crisis de confianza de la ciudadanía en los medios tradicionales se volvieron también temas recurrentes en la agenda. Un estudio de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica mostró en 2020, post estallido y en plena pandemia, que la confianza ciudadana en la televisión era de un 7%, y en los periodistas en general de un 15%. El tema del acceso a la comunicación y la posibilidad de que el mismo esté consagrado como un derecho fundamental en la nueva Carta Magna empezó entonces a sobrevolar con intensidad la actualidad chilena. 

Una nueva comunicación en la nueva Constitución

El año pasado, al calor de las propuestas para una nueva Constitución, se formó el Bloque por el Derecho a la Comunicación, una entidad que reúne a actores de la sociedad civil, académicos y redes de trabajadores de medios: el Colegio de Periodistas, la Red de Periodistas Feministas, la Red de Periodistas Migrantes, el Comité por la Defensa de la Televisión Pública, la fotógrafa Nicole Kramm —que fue una de las víctimas de la violencia policial, quedando cegada de un ojo— y la Fundación Datos Protegidos, entre otros organismos. El Bloque se organizó para alentar la discusión sobre un posible marco que regule los medios, hasta ahora inexistente en Chile. Y varias de las entidades que lo conforman han liderado la discusión pública con demandas que promueven la desconcentración, la distribución del avisaje estatal, el fomento de medios comunitarios e indígenas, el derecho a internet, la televisión pública y la existencia de medios no sexistas ni racistas. Lo que se busca es, en definitiva, apuntar a una cosmovisión renovada, donde se entienda la comunicación como parte del proceso democrático, y no con la exclusiva lógica de mercado que moldea también los asuntos colectivos y más básicos de la sociedad chilena. Según comunica el Bloque: “Creemos que el Derecho a la Comunicación es un derecho humano inalienable e inherente a todas las personas, no sólo a las y los profesionales de las comunicaciones, y como requisito básico para su desarrollo, debe ser garantizado y fomentado por el Estado a través de la Constitución, que de paso a una reconfiguración del espectro medial, regulada por una ley de medios que permita profundizar su pluralidad”.

"se formó el Bloque por el Derecho a la Comunicación, una entidad que reúne a actores de la sociedad civil, académicos y redes de trabajadores de medios"

El solo concepto de Ley de Medios causa muchísima resistencia en algunos sectores de la sociedad chilena, que ponen, de hecho, el caso argentino como un antecedente indeseable. Otro de los actores que ya había puesto el tema en la palestra había sido el pre candidato presidencial Daniel Jadue, que perdió las primarias de la izquierda contra Gabriel Boric, a pesar de su gran popularidad como alcalde. El ex candidato proponía la creación de un sistema de medios públicos, y además de una ley, eventualmente, un Ministerio de Información. El objetivo, según él, era garantizar la existencia de “medios públicos fortalecidos; privados con regulaciones en su estructura de propiedad; y sociales o sin fines de lucro con apoyo público que les haga sustentables”. La respuesta de los actores vinculados a los conglomerados de comunicación fue que la regulación de los medios atentaría contra la libertad de expresión. Ese es justamente el gran argumento que elevan hoy quienes se oponen a una normativa organizadora.

Desde el Bloque por el Derecho a la Comunicación, al menos, aclaran que lo que se busca es entender la comunicación como un derecho humano colectivo y no como una libertad individual de los auspiciantes o de los dueños de los canales. “Un derecho humano de todas las personas —no exclusivo de quienes trabajan en el periodismo o las comunicaciones—  que debe ser garantizado por el Estado, toda vez que permite la consecución de otros derechos y garantiza a todas las personas no solo el acceso a la información, sino la posibilidad de producirla y convertirla en conocimiento”.

Medios populares para los nuevos tiempos

Los últimos eventos evidenciaron la necesidad de medios más plurales, y que sean capaces de abarcar y explicar los procesos históricos urgentes. Algunos medios, con grandes esfuerzos económicos que no siempre pueden ser sostenidos en el tiempo, han intentando sortear la barrera del monopolio en la última década. Ciper o Interferencia, son dos ejemplos del pequeñísimo puñado de medios independientes que lo ha logrado. Las audiencias cada vez más críticas, y la desconfianza de la ciudadanía en los medios de comunicación, también se ha extendido a la forma en que los mismos relatan los asuntos vinculados a la Convención Constitucional. De hecho, algunos miembros de la comunidad periodística han planteado la necesidad urgente de que los medios hagan una correcta difusión del proceso constituyente, y de que sean capaces de explicar a la ciudadanía el paso a paso de este proceso histórico. Con este propósito, y al no encontrar espacio en los medios tradicionales, Alejandra Matus, autora de El Libro Negro de la Justicia Chilena y una de las periodistas más relevantes del país, este año lanzó La Neta, un nuevo medio digital —que solo fue posible gracias a financiamiento internacional— creado exclusivamente para cubrir y explicar diariamente el proceder de la Convención en el camino a la escritura de la nueva Constitución. “Mi ambición es que una vez terminada la Convención Constitucional este medio se pueda transformar en un medio de información cotidiana, política, muy centrada en lo informativo porque en Chile hay exceso de opinión y análisis”, dijo Matus en la presentación del medio.

En este momento, la Convención Constitucional está terminando de definir el reglamento interno con el que llevará a cabo todas las discusiones posteriores, incluidas las que conciernen a los medios de comunicación. Desde la Red de Periodistas Feministas, que integra el Bloque por el Derecho a la Comunicación, Fabiola Gutiérrez explica: “Levantamos estas propuestas dirigidas a transformar de fondo el sector de las comunicaciones a través de garantías constitucionales que nos permitan transformar el sistema de financiamientos de los medios. Eso nos permitiría garantizar los tres sectores de las comunicaciones: los públicos, los privados y los que llamamos comunitarios. Por nuestra parte, la propuesta es también que en la nueva Constitución se garantice el derecho a la comunicación y a la información con perspectiva de género”.