La cobertura mediática del asesinato de Lucas González visibilizó una vez más el modo en que desde un medio de comunicación se puede manipular la realidad material incluso difundiendo falsas versiones sobre un hecho, para proteger intereses específicos vinculados con alguna de las formas del poder. En este caso, reconocidxs comunicadorxs, desde el comienzo, presentaron aquello que según todos los testigos fue un caso claro de violencia institucional, como si se hubiera tratado de una persecución y tiroteo entre un delincuente y la policía.
Para el periodista y escritor Ricardo Ragendórfer, este posicionamiento mediático no es nuevo. "desde tiempos inmemoriales, e incluso con la restauración de la democracia en 1983, los medios de comunicación han abordado esta problemática de una manera sesgada y espasmódica”. El peligro --o la consecuencia evidente y lamentable-- es la naturalización de los hechos de violencia institucional.
¿Cómo abordan los medios de comunicación los temas sobre violencia institucional?
Hay que diferenciar aquellos medios identificados con el punitivismo que suelen encubrir el carácter institucional y policial de estos hechos con presuntos enfrentamientos entre delincuentes y fuerza policial, de los medios identificados con un perfil con perspectiva en derechos humanos, que suelen denunciar este tipo de hechos. En esa línea, la correlación de fuerzas en el universo mediático que existe en este país no favorece precisamente a estos últimos. De todos modos, hay determinados episodios que debido a múltiples factores suelen cobrar cierta relevancia como por ejemplo la Masacre de Budge --uno de los primeros hechos de gatillo fácil, una vez restablecida la democracia-- la Masacre de Lanús, el caso Miguel Bru, Santiago Maldonado, entre otros. Hechos que se vuelven emblemáticos y adquirieren una cobertura mediática importante y un tratamiento más o menos veraz por el estado de movilización que llegan a articular los allegados a la víctima. Pero la mayoría de los casos son absolutamente silenciados, pensemos que si cada hecho de gatillo fácil o muertes o torturas en comisarías tuviesen la difusión que tuvieron estos hechos que te cité, todos los días tendríamos los diarios, los noticieros y los portales llenos de noticias y coberturas al respecto. En Argentina desde 1983 en adelante hubo entre 120 y 170 casos de gatillo fácil por año a los cuales hay que sumar los casos de muertes por torturas en comisarías y en las cárceles, y solo en ese sentido el 3 o 4 por ciento, tal vez exagero, son lo que tienen una cobertura mediática.
¿Por qué son tan pocos los casos que tienen repercusión mediática?
Por varias razones, en primer lugar, la mayoría de estos casos no llegan a la prensa directamente porque los allegados a las víctimas no los denuncian. Estamos hablando de víctimas que pertenecen a una sector social de pocos recursos, entonces sus familiares y allegados pertenecen también a una clase social muy precarizada y por lo general ni siquiera tienen dinero para buscar un abogado querellante y los casos quedan ahí, sin resolverse. Ésta es una de las primeras causas de la invisibilidad. En segundo lugar, la profusión de casos hace que el interés sea menor para las agendas periodistas y que los medios busquen hechos de otra naturaleza. Pasa lo mismo con los femicidios, son muy pocos los que llegan a tener la cobertura que la gravedad de esos casos merecen.
Estigmatización y violencia mediática
Vemos noticias sobre violencia institucional que construyen la idea de un otro violento, y esta clase de construcciones estigmatizadoras permiten intensificar el sentimiento de “peligrosidad” hacia esos grupos. En esa línea, ¿Podemos decir que esos discursos responden a una lógica clasista y racista?
Desde luego, lamentablemente el género policial en la prensa argentina está atravesado por la inseguridad y ese discurso estigmatizador está asociado con eso. Vivimos en una sociedad insegura, pero los niveles de violencia urbana no son los más graves de Latinoamérica. En Argentina existe una tasa de 5,6 homicidios por cien mil habitantes, es uno de los índices más bajos de Latinoamérica, en Uruguay y en Chile, que son tomados como países seguros, es un poco mayor, en Río de Janeiro la tasa de homicidio es del 15 y el total de esos homicidios, un 30 por ciento corresponde a la violencia urbana, o sea homicidio en ocasión por robo. No obstante, si repetís en un noticiero, en un lapso de una hora, una y otra vez la noticia del asesinato en ocasión de robo de un remisero en la localidad de Gregorio de Laferrere, la señora de Barrio Norte que escucha eso va a empezar a sentir que la cuadra de su casa está tapizada de cadáveres, con lo cual hay una amplificación de esa situación. Por ejemplo cuando suceden hechos como el caso de Lucas Gonzáles o el de la menor que mató al kiosquero en Ramos Mejía, enseguida se empieza a agitar el tema de la imputabilidad de los menores cuando los delitos no graves cometidos por menores constituyen un 4 por ciento del total de los delitos que se denuncian y los homicidios cometidos por menores son del 0,04 por ciento. Sin embargo, en los diarios de hace dos semanas, cuando estaba el tema del kiosquero, parecía que todos los menores eran asesinos en potencia, lo cual es un delirio. Podríamos catalogar a esta actitud de los medios, como "construcción del miedo" y parte de esa construcción del miedo consiste en la identificación de un enemigo público, un enemigo social que alternativamente puede ser los menores, los mapuches, etc.
¿De qué modo dialogan la política y los medios en la generación de discursos de odio y mano dura?
Desde algunos sectores de la política siempre se agitó la apología del homicidio y del gatillo fácil. En los ciclos democráticos ocurridos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se contabilizan oleadas represivas como la aplicación del Plan Conintes durante el gobierno de Arturo Frondizi y el accionar de la Triple A, junto a grupos policiales y militares, cuando María Estela Martínez de Perón ejercía la primera magistratura. La matanza del 19 y 20 de diciembre de 2001 en la presidencia de Fernando De la Rúa, y los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán con Eduardo Duhalde. Claro que mientras los dos primeros casos eran fruto de la espinosa doctrina de las “fronteras ideológicas”, los otros fueron reacciones agónicas de presidencias al borde del precipicio.
Mauricio Macri le agregó una nueva vuelta de tuerca al asunto digitada por las encuestas y los focus group: la represión y el punitivismo por una cuestión de marketing, con el propósito de poner en marcha medidas bestiales para así captar a los sectores cavernícolas del padrón electoral. Hay un amplio sector del electorado que le gustan estas cosas.
Los medios y el lenguaje juegan un rol muy importante en esta construcción porque estos políticos en vez de identificarse como nazis, se identifican como libertarios cuando son directamente todo lo contrario. Vivimos en una época en donde el lenguaje no tiene mucha importancia. La política se está vaciando de lenguaje: podes decir lo que quieras y al día siguiente podés decir exactamente lo contrario y ninguna discusión es válida, no existe un debate.
¿La tolerancia social a la violencia policial está relacionada con los mensajes que se difunden sobre estos temas?
Exactamente, se da una suerte de legitimación de las fuerzas policiales para que obren así. Se da cuando algunos políticos salen a decir que hay que “llenar de plomo a los pibes”, o hablan de “fusilamiento”, de “meter bala a los delincuentes”, “hacerlos queso gruyere” o Macri recibe a Luis Chocobar luego de que mata con alevosía a una persona indefensa que no representaba hasta ese momento un peligro ni para él, ni para terceros, incluso después de haber acuchillado a un turista. Primero esa persona tiene que ser detenida y juzgada por el hecho que produjo pero no ser víctima de un fusilamiento sumario.
Investigación o farsa
Hemos visto en muchas oportunidades que algunos medios han instalado versiones falsas sobre los casos de violencia policial. ¿Por qué se da esta situación?
En los casos de violencia institucional generalmente sucede eso. Hasta no hace mucho tiempo, mediados del siglo XX en adelante, toda noticia policial salía de la oficina de prensa de la Federal. Ningún cronista policial --salvo excepciones, como Roberto Arlt y Rodolfo Walsh-- buscaba otro tipo de fuentes. En ese sentido, si Walsh no hubiera publicado toda una serie de notas en el diario de la CGT de los Argentinos sobre los fusilamientos del 56, se creería que esas personas murieron por una radiación nuclear o de muerte natural en el basural de José León Suárez o por botulismo. En el caso del pibe Lucas González fue la movilización popular lo que puso las cosas en su lugar y en el caso de Miguel Bru fue la movilización de los estudiantes de La Plata.
¿Qué políticas de comunicación se pueden sugerir a partir de estos hechos?
Primero, para determinar lo real sobre un hecho en el que uno o varios civiles fueron asesinados por uniformados hay que hacer una investigación. Pienso que la estrategia que el periodismo debería utilizar, ante cualquier caso, ante una nota policial o judicial que tenga que hacer, es investigar el caso seriamente. La policía o los policías que intervienen en el hecho son una parte más de esta historia, no la fuente y mucho menos la única fuente. Los periodistas están acostumbrados a mostrar la versión policial y la versión judicial. Los policías y los jueces no son precisamente los Oráculos de Delfos son unos protagonistas más de esta historia los cuales deben ser debidamente investigados por el periodismo. De otro modo, en vez de periodistas, se vuelven voceros.
