medios, internet y política

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07 jun 2022

por Gustavo Bulla

Ilustración: Noe Garin

El aguante del odio

Más allá y más acá de la guerra: un momento bisagra para libertad de expresión

En marzo de 2022, el marco de la guerra entre la Federación Rusa y Ucrania/Otan, la Unión Europea decidió prohibir contenidos provenientes de Rusia. La medida fundamentalmente priva a los públicos europeos y de otras latitudes del mundo del acceso a la pluralidad de fuentes para ejercer su derecho humano a la comunicación.

Una frase hecha del periodismo dice que "el primer asesinato en una guerra es a la verdad". En tiempos de la posverdad deberíamos decir que la mentira es una de las armas principales en una guerra y que la eliminación física del enemigo incluye el silenciamiento de sus medios de expresión.

El largo conflicto entre la Federación Rusa y la alianza Ucrania / OTAN en su fase bélica conmocionó al mundo por el temor que supone la expansión del enfrentamiento, la incertidumbre por la calefacción de Europa occidental para el próximo invierno o la inflación global ocasionada por el aumento imparable de las comodities alimenticias. 

Sin embargo, uno de los pilares del liberalismo decimonónico, la sacrosanta libertad de prensa —que ha quedado en el olvido o al menos no volverá a ser la misma tal como la conocimos— no fue tan señalada por los analistas.

El primero de marzo último, los 27 países integrantes de la Unión Europea decidieron prohibir los contenidos multimedia de la agencia Sputnik, así como la difusión en inglés, alemán, francés y español de Russia Today (RT) en las redes de televisión y en internet dentro del territorio de la Unión Europea. "Vamos a prohibir la máquina mediática del Kremlin", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Y vaya si lo hicieron…

"Vamos a prohibir la máquina mediática del Kremlin", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Y vaya si lo hicieron…

Todos los gigantes globales de las comunicaciones digitales adhirieron inmediatamente a la decisión/solicitud de la UE para dar de baja los contenidos públicos rusos. Megacorporaciones como Facebook, Google, Amazon, AT&T, Disney, Turner y Netflix, entre otros. Todos se refugiaron en el argumento de la “excepcionalidad” de la situación. Ninguno reconoció la identificación absoluta con los intereses económicos y políticos de los países occidentales enfrentados con la Federación Rusa.

Desde el punto de vista de la legislación comparada hay quienes sostienen que los estándares europeos son menos estrictos con la defensa de la libertad de prensa que los americanos. Que si en condiciones “excepcionales” la normativa europea tolera umbrales altos de censura previa. Que si la jurisprudencia americana prohíbe explícitamente cualquier intervención previa del Estado en asuntos de libertad de prensa en la tradición de la Primera Enmienda que el gran país del norte se encargó de imponer a todo el Continente. Pero no es la mirada juridicista, a juicio de quien suscribe, la perspectiva más interesante para abordar esta cuestión.

Si bien esos tecnicismos del ordenamiento jurídico internacional son eminentemente políticos y persiguen fines indudablemente políticos, es el enfoque político el que asoma como más interesante para comenzar un debate sorprendentemente ausente. Y aquí sobreviene una serie de metáforas fruto de mayor o menor creatividad que pueden ayudarnos a reflexionar, con la distancia crítica que se pueda conseguir, acerca de si no estaremos siendo contemporáneos de una bisagra histórica respecto de la libertad de expresión. Un parteaguas, un antes y después, ¿no se habrá pasado una línea que resguardaba una coherencia —nunca impoluta— entre lo dicho y lo hecho?.

No deja de sorprender la naturalidad con que el mundo autopercibido como civilizado ha aceptado sin más la censura previa y total exigida por un organismo supranacional como la Unión Europea y aplicada a rajatablas por las gigantes plataformas globales.

Aunque suelen responsabilizar a las redes sociales (y el anonimato que proporcionan) de las noticias falsas y las campañas de desinformación, la más de las veces los medios profesionales suelen ser aliados, complementarios y hasta incitadores de esas vulneraciones al derecho a la comunicación.

En nuestro país, por supuesto, la indiferencia ante la gravedad inusitada de la acción política no debería sorprender a nadie. El poder mediático hiperconcentrado ha dado muestras sobradas de no respetar derechos de ninguna índole a la hora de imponer sus intereses particulares ni los más generales del bloque dominante que integran. Y aunque suelen responsabilizar a las redes sociales (y el anonimato que proporcionan) de las noticias falsas y las campañas de desinformación, la más de las veces los medios profesionales suelen ser aliados, complementarios y hasta incitadores de esas vulneraciones al derecho a la comunicación.

Hay quienes son contestes de esta decena de corporaciones y sin embargo expresan su preocupación sobre las dificultades de los estados nacionales para poder regularlas dado su carácter de distribuidores virtuales de contenidos que no reconocen las fronteras físicas tradicionales. En algunos casos la preocupación es genuina, en otros no tanto, responde más a los intereses económicos que a la vulneración de derechos.

Esta decisión de la UE de condenar sin atenuantes a la Federación Rusa y pretender legitimar así la aplicación del silenciamiento sobre sus medios públicos de comunicación excede largamente las simpatías o enemistades respecto del gobierno de Vladimir Putin. 

Empoderar aún más a los zukerbergs, los bezos, los maskes y la retahíla de nuevos magnates de las comunicaciones digitales es un arma de doble filo, un bumerang, que más temprano que tarde se les puede volver en contra a los inquisidores del siglo XXI. Sin ir más lejos, la red del pajarito, Twitter, se dio el gusto de bajar la cuenta del entonces presidente de los EE. UU., Donald Trump.

Por aquello de si se puede lo más, se puede lo menos, qué nos queda a los estados periféricos y dependientes, y qué a sus pobres ciudadanías. 

Por todo esto es que la guerra pronosticada desde hace ocho años, con los sucesos de la Península de Crimea en 2014, va mucho más allá de la disputa geopolítica estratégica por las reservas del gas que calefacciona a buena parte de los europeos, o de la salida al Mar Negro, o de la defensa rusa frente a la instalación fronteriza de bases de la OTAN. Este apagado de los medios estatales rusos en el territorio europeo y en distintas regiones del mundo, como la imposibilidad de acceder a la señal informativa RT a través de Youtube en la Argentina sin dudas sentará un muy serio precedente a futuro.

Este apagado de los medios estatales rusos en el territorio europeo y en distintas regiones del mundo, como la imposibilidad de acceder a la señal informativa RT a través de Youtube en la Argentina sin dudas sentará un muy serio precedente a futuro.

Aquí la cuestión trascendente que conviene destacar es que esta auténtica medida de fuerza en formato de anulación de canales de expresión no se limita a coartar la difusión por parte de la Federación Rusa de su posicionamiento respecto del conflicto, sino que fundamentalmente priva a los públicos europeos y de otras latitudes del mundo del acceso a la pluralidad de fuentes para ejercer su derecho humano a la comunicación. El silencio impuesto afecta menos a los planes de Putin que a los y las ciudadanas europeas que cuentan con un solo relato de los acontecimientos y por ello sus posiciones políticas son presas más factibles de sufrir manipulación.

¿Se comportarán de la misma manera las plataformas globales cuando los EE. UU. desoigan una desaprobación de la Asamblea de las Naciones Unidas ante la enésima invasión a países soberanos en nombre de la libertad, la democracia y los derechos humanos? ¿O con el mismo desenfado con que hoy se acepta la censura, mañana se respetará la libertad de prensa de las empresas norteamericanas? ¿O se aplicará la normativa de la principal potencia de occidente que permite a los privados suprimir contenidos de terceros —el Departamento de Estado, supongamos— en tanto intermediarios y/o distribuidores? ¿Y cómo evitarán los estados nacionales que estas poderosísimas plataformas intervengan en sus asuntos internos, por acción u omisión? ¿Qué pasará si una o más plataformas deciden que no es conveniente que una fuerza política utilice esas redes para distribuir sus contenidos? ¿Podrán suprimir así en un futuro no muy lejano candidaturas de la competencia electoral, reemplazando en los hechos a las autoridades electorales nacionales y a la propia voluntad popular?

Todos interrogantes que hoy pueden sonar apocalípticos, pesimistas e incluso tremendistas. Sin embargo, la vorágine que afecta al mundo, primero con una pandemia de características extraordinarias en la historia, y luego con esta guerra que despierta temores ciertos de expansión geográfica y en el tiempo, no debe adormecer el espíritu crítico. Adelantarse a escenarios factibles en un futuro cercano es lo que permite afrontarlos de mejor manera. Por más que se trate de una regulación difícil, que afecta a todos los estados nacionales, la imaginación política tiene un desafío insoslayable si se pretende recuperar algo de los márgenes de soberanía perdidos.