La resolución de la Secretaría de Comercio interior que condiciona la fusión Disney Co. – Fox, irrumpió con toda potencia en la dinámica del mercado, mostrando la voluntad del Estado para intervenir y ordenar el sector morigerando las estrategias monopólicas de sus principales agentes.

Esta medida pone un límite a la corporación multinacional que desde el 2019 sumó a sus contenidos los de las señales pertenecientes a Fox y generó una fuerte distorsión en el mercado local. Siete de las nueve señales deportivas asequibles en argentina pertenecen a Disney, que acapara además los derechos de emisión de los principales acontecimientos internacionales de diferentes deportes y el derecho de transmisión compartido con TNT del campeonato local de fútbol.

Un límite a las conductas monopólicas en un área tan sensible del universo mediático despierta múltiples inquietudes. Iniciativas de este tipo, si se presentan aisladas, suelen terminar en una maraña judicial que las paraliza y desactiva. Pero a la vez indican la voluntad y la posibilidad de constituirse en impulso para una política pública comunicacional más democrática.

Podemos encontrar en ellas una línea de continuidad con el decreto presidencial 690/20. Y tal vez un destino similar.

El traje a medida no es para todes

En el debate actual sobre el rol regulador del Estado en el amplio universo info-comunicacional digital se sostiene la necesidad de articular las acciones entre los organismos especializados y aquellos que controlan el funcionamiento del mercado. La Ley de Defensa de la Competencia establece que las operaciones de adquisiciones o fusiones deben pasar por el control de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Esta realiza un análisis sobre las consecuencias para el funcionamiento del mercado y eleva su dictamen a la Secretaría de Comercio Interior, que es el ente regulador.

Los dictámenes de la CNDC no son vinculantes sino orientadores sobre las medidas a tomar. Cómo funciona la Comisión, cuál es el grado de actuación técnica o de injerencia política es un misterio. Aunque los dictámenes son públicos todo el proceso que le antecede es desconocido.

Recomendaciones y dictámenes precedentes dan cuenta de ciertas ambivalencias en los análisis del sector. Por ejemplo, en diciembre del 2007, refrendado por la firma del entonces secretario Guillermo Moreno, se autorizó la fusión de Multicanal (Clarín) con Cablevisión (Fintech), permitiendo que un sólo operador controle más del 50% del mercado de cableoperadores. En 2018, la administración de Mauricio Macri autorizó la adquisición de Telecom por parte del grupo Clarín permitiendo al conglomerado dominar diferentes segmentos del sector convergente.

La actuación de la Comisión implica un complejo proceso de intercambio, solicitud de información y requerimientos con los actores económicos. Durante el mismo proceso se van construyendo acuerdos y adaptaciones. A la vez que se activa la capacidad de lobby de los interesados sobre los funcionarios. Así un primer dictamen sobre el tema Disney-Fox que fue elevado a Paula Español –y donde ya se señalaba la "potencialidad de restringir o distorsionar la competencia del mercado”- reposó largo tiempo hasta la llegada de Roberto Feletti.

Continuidades y rupturas

Se puede percibir cierta continuidad entre la resolución de Comercio interior y el Decreto 690, sancionado durante los inicios de la pandemia. Ambas medidas expresan ambivalencias. En el decreto, al definir a Internet y las telecomunicaciones como un servicio público se instituye una iniciativa acertada. Pero a la vez dicha medida consolidó al cable como servicio TIC, cristalizando lo hecho por el DNU de Mauricio Macri para apartarlo de los servicios audiovisuales para abonados y de la regulación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Así los bienes informativos y culturales se convierten en un mero intercambio de datos por las redes electrónicas, despojados de su tutela como bienes sociales. Se terminan las disposiciones de “must carry”, que obligan a los cableros a incluir canales locales y se derogan indirectamente todas las obligaciones en materia de composición y orden de grillas de programación. Además de exceptuarlos de cumplir con la cuota de pantalla para películas y telefilmes de productoras independientes y nacionales.

La resolución de la Secretaría de Comercio pone un límite nada menos que a Disney y lo que representa; pero su enfoque inevitablemente reduce la discusión a una dimensión económica: si existe o se restringe la competencia. Lo cual consolida la concepción de la comunicación social como negocio. Busca desarmar el monopolio de la transmisión del deporte desde el marco legal de la ley de defensa de la competencia, en un dictamen de más de 200 páginas donde nada se dice sobre el derecho humano a la comunicación o de acceso a los bienes culturales. Sin pronunciamientos de organismos especializados como el ENACOM o la Defensoría del Público o alguna referencia sobre los derechos de las audiencias que aparezcan contemplados en el dictamen.

Si se aborda el problema desde la perspectiva de la comunicación como derecho humano, adquiere centralidad la concentración del sistema de medios, cuya complejidad excede largamente la temática de las señales deportivas y manifiesta al mismo tiempo la debilidad de ciertas iniciativas aisladas.

Entre la euforia y el desencanto

Muchas de estas iniciativas de las agencias gubernamentales marcan el límite de un estilo del hacer político, caracterizado por la ausencia de una clara política pública para el sector, una narrativa que la sostenga, y un conglomerado social que la respalde.

No se visualiza – menos aún se convoca- un sistema de alianzas que intente garantizar la sustentabilidad del acto administrativo, lo cual tiende a generar expectativas que el gobierno luego no contiene, tal como sucedió con el 690.

El sistema de la plutocracia judicial impone sus tiempos y las medidas se desvanecen junto con sus beneficios.

La ausencia de un discurso crítico con visibilidad y circulación social previa a la toma de decisión provoca que los sectores que primero se entusiasman ante la posibilidad de la gratuidad en el acceso a bienes culturales, luego se desanimen frente al primer amparo o la forma de resolución que surja del mercado y que sostenga el modelo de negocio actual.

El gobierno también muestra cierta intención de recuperar autonomía e iniciativa: el anuncio del relanzamiento del plan conectar igualdad, la problematización sobre el funcionamiento del poder judicial y la puesta en discusión del sistema de medios son indicios de una orientación disruptiva para las expectativas de los factores de poder local, más aún en un contexto de incertidumbre enmarcado por el acuerdo con el FMI.

Hasta el momento las iniciativas que implican ampliación de derechos basadas en los recursos del Estado parecen tener cierta viabilidad. Pero aquellas que implican un grado de política distributiva que afecte a determinados sectores para el beneficio de las mayorías, al no contar con un esquema participativo y de movilización social, tienden a quedar sometidas por la voluntad de los grupos de poder. Estos, vía judicialización o estigmatización mediática masiva, logran paralizarlas. Una excepción a esta lógica fue la estrategia que permitió la sanción del impuesto a las grandes fortunas y la capacidad política para imponerlo.

Concentración y dependencia

Abordar el debate sobre las políticas públicas de comunicación pone en el centro del problema la cuestión de la concentración mediática. Ocluido el tema al inicio del gobierno bajo la pretensión de reducirlo sólo a la esfera mercantil, hoy retorna, pandemia mediante, la necesidad de precisar su enfoque en torno al derecho humano a la comunicación.

Los estándares internacionales en torno a los principios de libertad de expresión dan cuenta que el monopolio es una forma de censura. Frente a esta realidad de “cancha inclinada”, la experiencia política actual sólo presenta iniciativas espasmódicas que no se sostienen ni cuentan con viabilidad o continuidad. O, lo que es más incomprensible aún, parecerían estar diseñadas anticipando su fracaso.

En el terreno comunicacional retomar una agenda democrática implica revertir el entramado normativo impuesto por los cuatro años del macrismo y retomar la orientación de la ampliación y el ejercicio del derecho a la comunicación para el pueblo, aquello que tuvo un punto de partida con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Avanzar en esa orientación implica no fijar medidas aisladas. Hay que comprender la complejidad de la etapa y poner en discusión problemáticas que van desde la producción de contenidos, el estímulo al pluralismo y la diversidad, discutir una ley de pauta oficial que promocione y potencie al sector no lucrativo, tener una política de protección de datos personales (un organismo que se encuentra acéfalo hace más de dos años), garantizar conectividad y el acceso a contenidos de interés relevante para la ciudadanía. Sin dejar de abordar el plano digital y la incidencia de las nuevas formas de consumo mediático, lo cual lleva a pensar en formas de regular a los actores globales digitales, establecer impuestos, generar una alfabetización digital que permita capacitar y reflexionar acerca de los contenidos de las redes, las llamadas «fake news» y los discursos de odio.

Para ello es necesario impulsar desde el campo popular a los sujetos políticos activos y participativos que puedan impulsar nuevamente esta disputa. Construyendo volumen político que surja de una puesta en común y un horizonte definido: la ampliación de la cultura y la comunicación social como derechos humanos fundamentales. Esenciales ambos para habitar la democracia.