Los textos periodísticos constituyen una fuente principal para conocer diversos acontecimientos sociales y ofrecer claves que permitan entenderlos, establecer causas y consecuencias así como conformar el ranking de temas socialmente relevantes o de interés. Esta atribución no implica solamente ponderar temáticas sino además la forma de abordarlas, calificarlas y establecer lógicas argumentativas que, en su parcialidad, pueden inclinar la balanza para comprender la realidad desde una óptica en particular, en detrimento de otras posibles.

Así, este rol es sobresaliente en las numerosas encrucijadas políticas, sociales y culturales de la vida de nuestro país, más aún cuando las rutinas de producción de información, acompañadas por modelos ideológicos estandarizados e intereses editoriales claramente explicitados construyen representaciones de la realidad que pueden afectar o hacer invisibles ciertas perspectivas.

En este marco surge el interés particular sobre el tratamiento periodístico de las noticias que dan cuenta de la actividad sindical, muchas veces deslegitimada y distorsionada en  cuanto a sus propósitos. La Defensoría del Público dispuso recientemente la creación del Observatorio de Prácticas Comunicacionales e Informativas sobre Trabajadores y Organizaciones Sindicales. Entre los fundamentos de su lanzamiento se señala que “la información y la comunicación son mediaciones y como tales deberían incluir la visión de los propios trabajadores sobre sus organizaciones y la actividad gremial en tanto inciden en la formación de los esquemas que ayudan a interpretar la realidad en el conjunto de la sociedad”. 

La iniciativa propone analizar los alcances del tratamiento periodístico de las múltiples reivindicaciones o reclamos sindicales, en consonancia con las funciones de la Defensoría del Público referidas a los derechos de las audiencias y en particular al Derecho de lxs trabajadores a organizarse en el marco de sus sindicatos. 

Contexto

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece en su Artículo 19 que la Defensoría debe recibir y canalizar denuncias del público de servicios de comunicación y convocar a organizaciones intermedias públicas o privadas, centros de estudio e investigación u otras entidades de bien público en general, para crear un ámbito participativo de debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación. También informar a los interesados sobre sus resultados.

El proyecto para la constitución del Observatorio surgió a partir de las inquietudes manifestadas ante la Defensoría por diversas organizaciones sindicales, lo que a su vez motivó la realización de una serie de encuentros orientados a la elaboración de recomendaciones destinadas a medios y comunicadorxs con el fin de promover el abordaje respetuoso de las organizaciones y lxs trabajadorxs. Dichas acciones conjuntas concluyeron en la posibilidad de establecer una línea permanente de trabajo orientada a la temática.

De este modo, en diciembre del año 2021 y comienzos de 2022 se firmaron Cartas de Intención con más de 25 organizaciones sindicales en las que se manifestó la necesidad de “examinar acciones para la construcción de un espacio de debate y trabajo permanente destinado a: representar a las organizaciones sindicales y personas que las integran también a través de su propia voz evitando la reproducción de estereotipos negativos; promover programaciones y coberturas respetuosas de las audiencias, las organizaciones y sus derechos; garantizar la perspectiva federal y la producción local; promover la inclusión y la accesibilidad; y generar espacios de ciudadanía”. 

Durante el proceso de conformación y concreción del OBSERVATORIO DE PRÁCTICAS COMUNICACIONALES E INFORMATIVAS SOBRE TRABAJADORXS Y ORGANIZACIONES SINDICALES, la Defensoría realizó una serie de informes sobre los principales esquemas de tratamiento informativo sobre la cuestión. En el marco de esas investigaciones preliminares se obtuvieron algunos resultados que marcan una fuerte tendencia sobre el tipo de cobertura de la temática en las diferentes muestras analizadas. Se acreditó que  la descontextualización es una tendencia que -si bien caracteriza a un gran conjunto de la agenda informativa- para el caso de las disputas por el acceso a una mejor condición para lxs trabajadxrs promueve simplificaciones poco conducentes para una comprensión integral de los conflictos sociales.  El tratamiento de las noticias sobre trabajadorxs y organizaciones sindicales no incorpora información sobre el escenario macroeconómico de los conflictos, por el contrario, se desplaza hacia tematizaciones de tránsito y servicios. Por otra parte, en el caso de lxs trabajadorxs estatales y sus organizaciones sindicales, por ejemplo, son estigmatizadxs como improductivxs, partidizadxs e incapaces para las tareas que desarrollan. 

Balanza inclinada

Una clara referencia que ilustra la inequidad del tratamiento, se observa en el  último monitoreo de noticieros que realizó la Defensoría, en el que las noticias que involucran conflictos y acciones gremiales alcanzan solo el 4,5% del conjunto de la muestra. La visibilidad periodística de la temática  indica una clara subrepresentación:

A su vez, del 4,5% de las noticias que mencionan a trabajadorxs, solo el 11,2 % de las temáticas se refiere a protesta social o conflictos gremiales, disminuyendo aún más la representación de ese aspecto y desplazándolo de la agenda informativa que se constituye cotidianamente.

Para el caso del uso de fuentes por ejemplo, las voces que provienen de lxs propixs trabajadorxs o sus gremios alcanzan solo el 13,1%, lo que pone en evidencia un claro desajuste en el equilibrio informativo en relación con la representación de la opinión de las distintas partes.

Por otra parte, se comprueba que cuando se publican noticias sobre actividades sindicales suelen plantearse primordialmente las consecuencias “perjudiciales” que implican los conflictos gremiales -sin atender al derecho a la protesta ni a las causas que la provocaron- o referirse a disputas jurisdiccionales, o delitos protagonizados por dirigentes. En esos abordajes se omiten las actividades, los reclamos y la naturaleza de las prácticas de lxs trabajadorxs y sus organizaciones sindicales. Asimismo, en numerosas oportunidades dichos reclamos son presentados en forma de “amenaza” y no de petición; mucho menos de derechos garantizados por la Constitución Nacional y demás instrumentos normativos vigentes. 

La puesta en marcha del Observatorio da cuenta de este contexto  y pretende contribuir a su modificación.

Su proceso de conformación reivindica el carácter participativo y se orienta hacía los siguientes objetivos:

Identificar y seleccionar un conjunto de informaciones referidas a las organizaciones de trabajadorxs y analizar el tratamiento periodístico en los aspectos referidos a negociación colectiva, reivindicaciones salariales, condiciones de trabajo, conflictos laborales, despidos, derecho a la sindicalización y organizaciones, entre otros.

Mensurar los resultados e identificar esquemas de tratamiento periodístico, formas de argumentación y enfoques predominantes.

Publicar en la página web del organismo y difundir los informes técnicos correspondientes. 

Promover la reflexión pública sobre la importancia de la agremiación y la organización colectiva como elementos claves de la vida democrática.

Promover el debate público sobre las condiciones necesarias para un tratamiento periodístico respetuoso y desde una perspectiva de derechos.

Asimismo contará con las respectivas instancias de participación mediante la constitución del Consejo Asesor de Organizaciones Sindicales conformado al efecto con representantes ad honorem designadas/os por cada una de las organizaciones participantes, que tendrá la finalidad de asistir y asesorar al observatorio sobre funcionamiento y cumplimiento de sus objetivos. Además podrá proponer y sugerir líneas de investigación, herramientas metodológicas y planes de trabajo, difundir los informes, organizar encuentros, debates e instancias de capacitación.  

Entre sus primeras tareas el observatorio tiene previsto proponer recomendaciones para el tratamiento respetuoso de las organizaciones y los trabajasorxs, destinadas a medios.y comunicadores.